El PSOE hizo este ofrecimiento en el primer debate parlamentario del proyecto de ley, durante el cual fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Unida y los diputados vascos de Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezquerra.

odos los demás grupos votaron contra las enmiendas a la totalidad y coincidieron en señalar que es urgente regular la huelga para evitar los abusos cometidos en su ejercicio, sobre todo en los servicios públicos.

El ex ministro del Interior, José Barrionuevo, que actuó como portavoz socialista, fue quien expresó la disposición del PSOE a entablar directamente una "negociación" con los interlocutores sociales sobre el texto de la ley.

Barrionuevo no aclaró cuál es el alcance de las "iniciativas y ugerencias" que el Grupo Socialista aceptaría introducir en la ley, pero adelantó que no le "parece mal" el listado de servicios esenciales de la propuesta de autorregulación sindical de la huelga.

Dicho listado considera servicios esenciales la asistencia sanitaria, servicios de limpieza de agua y residuos; servicios sociales, pago de prestaciones públicas, protección civil y extinción de incendios, servicios funerarios, cárceles, transportes públicos, correos, radio y televisión públicación, exámene y suministro de energía.

En una intervención previa en defensa del proyecto, el titular de Trabajo, Luis Martínez Noval, pidió un "cambio de actitud" a los sindicatos y empresarios hacia posiciones "más cooperativas", que rebajen la conflictividad laboral en España hasta los níveles comunitarios.

Martínez Noval aseguró que resultó "imposible" consensuar la ley con empresarios y sindicatos antes de remitirla a las Cortes, y recordó que la nueva norma permite el despido de quienes participen en hulgas "subversivas" o abusivas.

"TEMERARIO"

El más crítico con el proyecto fue Nicolás Sartorius, portavoz de Izquierda Unida, quien lo calificó de "temerario cuando no provocativo" y dijo que se inscribe, junto con la "Ley Corcuera", en una estrategia de recorte de los derechos fundamentales.

Sartorius afirmó que el proyecto no propiciará un clima social menos tenso, ya que ataca "frontalmente" a los sindicatos, y señaló que las "torpezas y abusos" en el ejercicio de la huelga han sido cometido por sindicatos "amarillos", pero no por UGT y CCOO.

En su opinión, las sanciones previstas en la ley (como el despido, multas y la retirada de subvenciones a los sindicatos), están inspiradas en la normativa que promulgó en Gran Bretaña "el superconservador gobierno de Margaret Thatcher".

También criticó la regulación del cierre empresarial, por entender que se conceden más facilidades que con la legislación actual para proceder al mismo. "Virgencita, que me quede como estoy", concluyó sarcásticmente su intervención el portavoz de IU.

Por su parte, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezquerra, que presentaron conjuntamente una enmienda a la totalidad, acusaron al Gobierno de no haber agotado la negociación con los interlocutores sociales y opinaron que, con la nueva ley, el Estado invade competencias que deberían dejarse al libre pacto de empresarios y trabajadores.

Gabriel Cisneros, por el Partido Popular, dijo que hay un "clamor social" que reclama una regulación urgente de la huelga y señaó que es preciso acotar con precisión quienes pueden convocar los paros y cuáles son los límites de la actuación de los piquetes.

A su juicio, una adecuada regulación de la huelga contribuirá a reducir la conflictividad laboral. Recordó, a este respecto, que, entre enero y mayo de este año, se perdieron alrededor de 60 millones de horas por huelgas, según datos de la patronal CEOE.

Por el CDS, José Ramón Caso, pidió la modificación de la ley para reconocer el derecho a la huelga de las fuerzas y uerpos de seguridad del Estado. Argumentó que es inconstitucional equipararles con el Ejército.

Joaquín Hinojosa, de Convergencia i Unió, recalcó que la regulación de la huelga compete exclusivamente al Parlamento y recriminó a los sindicatos por "cuestionar" su derecho a legislar en esta materia.

Juan Oliver, de Unión Valenciana, retiró la enmienda a la totalidad que inicialmente había presentado para dejar claro, según explicó, que no se opone a la regulación de este derecho, aunque considera qe debió ser negociada más a fondo con los interlocutores sociales.

CREDITO AL INEM

El debate de totalidad del proyecto de ley de huelga, que ahora continuará siendo discutido en comisión, estuvo precedido por la aprobación de un crédito extraordinario de 195.781 millones de pesetas para cubrir el déficit del INEM en 1990.

Martínez Noval reconoció que el sistema prestaciones de desempleo tendrá este año un déficit de 400.000 millones de pesetas, al elevarse el gasto a 2 billones, en lugar del 1, billones previsto inicialmente.

Al finalizar 1991, explicó el ministro, la deuda del INEM con la Tesorería de la Seguridad Social ascendía a 280.000 millones de pesetas.