La titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma entregó en el Parlamento autonómico un escrito en el que se solicitaba una certificación oficial sobre el montante de los salarios de todo l grupo parlamentario para proceder a su embargo.

Esta acción se debió a la denuncia de la empresa catalana Publienvío contra el grupo socialista por no haber satisfecho la cantidad de 8 millones de pesetas que les debían por una campaña de "mailing".

Joan March, secretario general del Partido de los Socialistas de las Islas Baleares (PSIB-PSOE), ratificó a Servimedia que "ya se llegó a un acuerdo con la empresa el pasado viernes y la deuda está satisfecha", tal y como afirmó su colega Josep Alfos Villanueva al diario "Ultima hora".

Los socialistas presentarán un recurso a la decisión de la jueza, ya que la denuncia de Publienvío debería haberse dirigido contra el partido y no contra el grupo parlamentario. En cualquier caso, han decidido esperar "hasta que la jueza ordene la retirada de los cargos, concluyó Joan March.