Según fuentes del PP, esta regulación temporal de empleo, que ha sido solicitada por un periodo de seis meses, fue remitida la semana pasada a las autoridaes laborales y todavía se encuentra a la espera de la aprobación oficial.

El PP de Castilla-La Mancha se ha visto obligado a presentar este expediente de regulación de empleo ante la falta de recursos económicos que padecen desde que la Mesa de las Cortes decidiera congelar las subvenciones de los populares.

Varios diputados del PP, entre ellos su presidente, José Manuel Molina, tuvieron que contraer a principios de este año créditos personales por el importe de 8 millones de pesetas para abonar os sueldos de los trabajadores del Grupo Parlamentario correspondientes al último semestre de 1993.

La congelación de las subvenciones de los populares se determinó en septiembre de 1993 cuando la Mesa de las Cortes detectó irregularidades en las cuentas del grupo parlamentario, en concreto la falta de justificación de unos 200 millones de pesetas desde el año 1988 hasta la fecha de la congelación.

Tras la presentación de varios recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el PP se encuentra a la espera de una resolución del Supremo para acudir directamente al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo.

Los parlamentarios populares estiman que la Mesa de las Cortes castellano-manchegas vulneró la Constitución en su artículo 23, en el que se reconoce el derecho a participar en asuntos públicos en igualdad de condiciones.