La situación que ha llevado a las "más que posibles" movilizaciones para el próximo mes, coincidiendo con las operaciones salida y retorno, es la "pasividad" de la Administración.

Según Cepas, el Gobierno no ha tomado ninguna medida legislativa tendente a la clarificación y regulación de los diferentes aspectos del sector de asistencia en carretera.

Las movilizaciones de agosto 2004 y enero de 2005 finalizaron tras la promesa explícita de regulación sectorial por parte de la Administración en aspectos como la libre competencia y las relaciones comerciales en un mercado liberalizado.

Eso debía de hacerse instituyendo al tiempo unas reglas del juego que garantizarán la óptima prestación de los servicios a los usuarios, el equilibrio en las relaciones entre compañías aseguradoras y clubes automovilistas y empresas de asistencia en carretera, y la erradicación de prácticas no deseables, añade la patronal de gruistas.

Cepas denuncia la falta de actuación de la Dirección General de Tráfico; la de Transportes; la Inspección de Transportes, y la Inspección de Trabajo, que llevan a que las movilizaciones sean "comprensibles".

Las protestas desarrolladas por los gruistas de Cepas y Aneac en verano de 2004 y enero de 2005 provocaron que cientos de conductores vieran cómo sus vehículos averiados se quedaban en las cunetas.

Entonces tuvo que ser necesaria la mediación de la Administración para poner fin al conflicto. Los gruistas se quejaban de la falta de margen que, la subida de costes y la competencia del sector, provocaba en su negocio.