Las ONGs solicitarán a la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), encargada e autorizar las exportaciones de armas, que investigue las presuntas irregularidades cometidas por la empresa española, que exporta grilletes y cadenas para presos cuyo uso no está permitido en España.

A juicio de estas organizaciones, "resulta inconcebible que hoy en día, todavía sea posible fabricar y vender este material en España. La tortura y los malos tratos son una aberración y es un escándalo que empresas españolas exporten material de tortura a países donde se utilice para cometer graves violciones de derechos humanos".

Entre 1992 y 1998, según las ONGs, que citan datos oficiales, España vendió armas ligeras, incluyendo material de tortura, por valor de 11.000 millones de pesetas al año. En 1999, estas exportaciones superaron los 12.000 millones de pesetas.

"El insuficiente grado de transparencia y control parlamentario en la información que cada seis meses remite el gobierno al Congreso de los Diputados no permite saber qué armas vende España y a quién" y añadieron que "mientras no e logre saber qué armas recibe cada país y el Parlamento pueda controlar a priori estas ventas, seguiremos en la misma situación".