La dirigente de Greenpeace dijo a Servimedia que se trata de una sanción "insuficiente porque no se le ha dado el grado de importancia que requiere, pese a ser la multa más alta jamás impuesta a una central en España".

La sanción fue impuesta por la comisión de tres infracciones graves relativas a un incidente ocurrido el 25 de agosto de 2004 en su sistema de agua de servicios esenciales.

"Necesitamos una reforma del régimen sancionador español para las centrales nucleares, para que no les salga rentable funcionar con problemas de seguridad que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y el medio ambiente. Endesa e Iberdrola han primado los intereses económicos frente a la seguridad: algo vergonzoso", añadió la dirigente ecologista.

Según Pizzinato, es una sanción por falta grave, "y no 'muy grave', y una multa que no alcanza ni el 1% de los lucros que Iberdrola y Endesa, propietarias de la central, han ganado durante los 8 meses que la han hecho funcionar sin controlar la seguridad".