Cuatro coches de Guardia Civil se presentaron cuando este grupo de personas se detuvo al borde de una carretera comarcal, a unos 500 metros de la central, y les exigieron la entrega del material audiovisual grabado, según explicó Carlos Bravo, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

Bravo, que se encontraba entre las personas retenidas contra su voluntad, calificó lo ocurrido como un "atropello desde el punto de vista jurídico", ya que, entre otras cosas, "el Estado no tiene que obedecer órdenes de un particular, sin una denuncia o una orden judicial previa".

Cuando las dos personas de Telecinco se negaron a entregar el material audiovisual, los agentes alegaron que actuaban en aplicación de medidas de prevención del terrorismo. El responsable de Greenpeace califica esta actitud de "ridícula" porque, a su juicio, si tener centrales nucleares es tan peligroso, mejor sería cerrarlas.

Bravo destacó que el centro de concentración de la central para casos de accidente nuclear se encuentra en mal estado. "Tiene el techo caído con un acceso pésimo. Está claramente abandonado. En caso de accidente, ese lugar no está preparado, no puede refugiar a la gente, no se podría proteger a nadie de la radiación. Es algo patético", comentó.