Los ecologistas centran la mayor parte de sus protestas en los apartados de regeneración de playas y creación de playas artificiales, a los que el plan destina un presupuesto de casi 80.000 millones de pesetas.

Según Greenpeace, esas actividades provocarán la extracción de millones de metros cúbicos d arena del fondo marino y repercutirán negativamente sobre todas las formas de vida presentes en las áreas afectadas.

Además, la organización conservacionista mantiene que la arena extraida será posteriormente vertida sobre la costa, causando un importante aumento en la turbidez del agua y el enterramiento de las comunidades marinas de la zona, "como ya ha ocurrido en la playa de Benidorm o en la de Palma, en Mallorca".

Otro de los inconvenientes que a juicio de los ecologistas presentan estas acuaciones, radica en que "las playas regeneradas son a menudo inestables, por lo que la arena es arastrada de nuevo al mar en época de temporal, como sucedió en la playa de Malgrat de Mar, en Cataluña".

El plan aprobado por el Gobierno cuenta con un presupuesto de 150.000 millones de pesetas y reconoce el proceso de degradación que sufren muchas de las zonas costeras españolas.

Sin embargo, Greenpeace cree que esta situación es consecuencia de la pésima gestión y utilización del medio costero por arte de las distintas administraciones.

Los conservacionistas citan como causas del deterioro la urbanización descontrolada y masiva, la construcción generalizada de puertos deportivos, diques y espigones, la instalación de aparcamientos, paseos marítimos y zonas de acceso en los sistemas de dunas y la extracción de áridos en las vías fluviales.

Para Marion Stoler, portavoz de Greenpeace, "no basta con lamentarse con errores pasados, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe ahora mirar l futuro y comprometerse a potenciar, junto con los responsables estatales, autonómicos y locales, una gestión racional, integrada y sostenible de los recursos costeros".