Como contrapunto, Greenpeace alaba la actuación del Gobierno vasco que, frente a un problema de lamisma magnitud, obligó a las empresas responsables de los vertidos a que asumieran una parte de los cuantiosos gastos que supone la recuperación de la zona contaminada.

"El hecho de que se pueda conseguir que las multinacionales alemanas Boehringer y Merck y la suiza Sandoz contribuyan con una cantidad que podría rondar los 900 millones de pesetas para la descontaminación de la zona afectada por sus vertidos en el País Vasco pone en evidencia la negligencia de la DGA en el caso de Inquinosa", señaló Mría Luisa Toribio, portavoz de Greenpeace.

La producción del pesticida lindano genera ingentes cantidades de hexaclorociclohexano (HCH), un compuesto organoclorado altamente tóxico, persistente en el medio ambiente y bioacumulativo. Según la organización, Inquinosa ha dejado unas 100.000 toneladas de HCH en las proximidades de Sabiñánigo, que constituyen un importante foco de contaminación y grave riesgo para la salud pública.

La DGA no prohibió las actividades de esta empresa hasta que comprobó,tras las denuncias de asociaciones de ecologistas en 1989, el grave impacto ambiental que suponían los vertederos de Bailín y Sardás, desde donde se advirtieron filtraciones que llegan hasta el río Gállego, que abastece a numerosos pueblos de la zona, y el embalse de Sabiñánigo.

Este año el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) y la DGA se comprometieron a invertir 400 millones de pesetas en el vertedero de Sardás, pero no previó ninguna actuación en el de Bailín.

Enopinión de Greenpeace, la DGA debe exigir a Inquinosa que asuma su responsabilidad económica en la descontaminación de la zona, porque de lo contrario son los ciudadanos los que se ven obligados a pagar los daños ocasionados.