Los conservacionistas muestran su preocupación ante "la fuerte presión que están ejerciendo las industrias promotoras de la incineración en todo el país y el gran impacto para la salud pública y el medio ambiente que tienen estas instalaciones".

Según Dolores Romano, portavoz de Greenpeace, "esta presión puede constatarse con la reciente aprobación, por parte de los responsables municipales de la bahía de Cádiz, de la cnstrucción de una enorme incineradora para la región de Medina Sidonia, que requerirá una inversión de 10.000 millones de pesetas procedentes de fondos públicos, y no contempla la realización de estudios de evaluación de impacto sobre la salud pública y el medio ambiente".

La organización ecologista justifica esta iniciativa haciendo referencia a "la poca conciencia ambiental de algunos de los responsables municipales españoles".

El Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos contempla la instlación de, al menos, cuatro incineradoras, que podrían ser construidas en Cataluña, Madrid o su área de influencia, Andalucía y la zona del Cantábrico.

Cada planta tendría una capacidad de 30.000 toneladas por año y un coste aproximado de 6.000 millones de pesetas. Según los últimos datos proporcionados por el Gobierno, en España se producen anualmente más de un 1.700.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos.

En las cartas que han enviado a los presidentes autonómicos, los ecologistas exponn los problemas que, a su juicio, generan estos centros, al tiempo que rebaten los argumentos de quienes los apoyan.

Diversas organizaciones conservacionistas han expresado su rechazo a la utilización de esta tecnología, por considerar que "son plantas muy contaminantes que, simplemente, cambian el medio al que se vierten los residuos, de la tierra a la atmósfera".

Greenpeace mantiene que no puede ser calificada como limpia una instalación que, asegura, emite metales pesados y compuestos tóxicos rgánicos en sus gases y cenizas.

"Entre los estudios que constatan estas emisiones", explicaron, "se encuentran los realizados por el Gobierno sueco, que estimaban que un 60 por ciento del mercurio emitido en este país provenía de las incineradoras de basura, y un estudio de la agencia ambiental americana que señalaba a estas plantas como importantes fuentes de emisión de dioxinas y furanos, las sustancias más tóxicas conocidas hasta el momento".

Asimismo, indicaron que otros estudios han identifcado la presencia de más de 200 sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas en las cenizas y los gases que emiten estas instalaciones, entre las que se detectaron 32 sustancias cancerígenas.

Por último, las cartas incluyen una relación de las alternativas de gestión de residuos que algunos países de nuestro entorno han puesto en marcha, basadas en la recogida selectiva y el reciclaje.