La sanción establecía el cese de las actividades de micronizado y envasado de lindano que la empresa realizaba desde 1989, año en que las autoridades prohibieron verter los residuos tóxicos de HCH (hexaclorociclohexano) generados durante los procesos de producción.

Según Greenpeace, desde ese año Inquinosa está tratando de poner en marcha el sistema de "craking" para eliminar el HCH y poder seguir produciendo lindano.

Sin embargo, los conservacionsitas recordaron que este método "ya fue prohibio en Alemania por los graves problemas de contaminación que generaba".

María Luisa Toribio, portavoz de la organización ecologista, señaló que "a estas alturas es impensable que la producción del lindano se pueda reanudar. Inquinosa debe aceptarlo y cesar en sus desesperados intentos por mantener una actividad que es peligrosa para el medio ambiente, los trabajadores y la salud pública".

Para justificar la petición que ahora plantea, Greenpeace mantiene que los datos facilitados por la Dirección eneral de Aduanas revelan que ha continuado la importación y exportación de lindano en nuestro país tras la sanción impuesta a Inquinosa.

"Los datos de comercio exterior", argumentaron, "indican que durante el último trimestre de 1991 se han importado 80 toneladas y se han exportado 87".

Ante esta situación, María Luisa Toribio expresó sus dudas sobre la posibilidad de que Inquinosa esté cumpliendo la sanción, ya que acusó a sus responsables de exhibir una "clara falta de respeto por el medio ambente y la salud pública".

La Diputación General de Aragón abrió el expediente para investigar el funcionamiento de la factoría a raíz de una denuncia presentada por Greenpeace en 1990.

Las investigaciones detectaron la realización de actividades que generaban residuos tóxicos sin contar con las autorizaciones precisas, por lo que la empresa fue sancionada y obligada a pagar una multa 25 millones de pesetas.

Los conservacionistas también han pedido al consejero de Ordenación Territorial que alare si Inquinosa ya ha satisfecho el importe de la multa.

Según la organización ecologista, esta sociedad ha vertido al medio ambiente unas 100.000 toneladas de HCH, "que han contaminado una amplia zona y el río Gállego, utilizado para el suministro de agua potable".

"Análisis que la empresa ocultó a los trabajadores", agregaron, "y que el sindicato UGT hizo públicos el pasado año, revelaban la presencia de elevados niveles de HCH en la sangre de los trabajadores".