La carta enviada a todos los grupos recuerda que esta ley cubre el vacío legal que existía hasta hace pocos años en el ámbito de la protección del litoral y establece por primera vez criterios de protección de carácter mínimo.

Las dos organizaciones ecologistas consideran que cualquier modificación que se incorpre en la legislación actual que la aleje de su vocación preventiva y protectora del medio ambiente constituiría "un paso atrás en el avance hacia un desarrollo integrado y sostenible del litoral".

Greenpeace y el CIDN exigen que cualquier posible modificación de la Ley de Costas mantenga los criterios mínimos de protección actuales o los aumente, establezca sistemas estables de coordinación entre administraciones, respete los acuerdos internacionales, contemple la puesta en marcha de planes de recuperción de las costas e incremente las zonas de litoral protegidas.

La Ley de Costas contempla la franja litoral como una unidad fisiográfica, caracterizada por su dinamismo, riqueza y fragilidad, y reconoce que el origen de la degradación que han sufrido numerosas zonas costeras se encuentra en un rápido y anárquico desarrollo urbanístico.