Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, declaró hoy a Servmedia que, si bien el decreto del Consejo de Ministros del pasado 31 de julio declara de interés general el almacenamiento nuclear y obliga al ayuntamiento a autorizarlo, el Gobierno municipal debería esperar a que se resuelvan los recursos.

Ocho ayuntamientos de municipios cercanos a la central, incluido Trillo, presentarán un recurso ordinario ante la Administración central contra el acuerdo del Consejo de Ministros, y no descartan presentar en el futuro recurso contencioso-administrativo.

Segú Bravo, "mientras la Justicia no resuelva todos los contenciosos que surjan en relación con esta cuestión, el ayuntamiento no debería autorizar el inicio de las obras".

Asimismo, el portavoz de Greenpeace aseguró que la intención del Gobierno es convertir el almacenamiento que se construirá junto a la central de Trillo, en una instalación destinada a recibir residuos de otras centrales.

Carlos Bravo indicó que la autorización para construir el almacenamiento debería ir acompañada de un plan de cirre de la central nuclear.