Según el director de Greenpeace, Xavier Pastor, las instituciones representativas de la sociedad balear no pueden pretender que los ciudadanos de otras comunidades autónomas "carguen con las consecuencias ambientales de la confrontación política, la incompetencia y la irresponsabilidad de los cargos públicos mallorquines, reflejadas en la falta de gestión de los residuos urbanos de Mallorca".

Greenpeace asegura que si las autoridades mallorquinas deciden nviar los residuos a la península, su destino será la incineración o un vertedero. Además, considera que esta opción es inaceptable porque vulnera el principio de proximidad que establece la UE, según el cual las basuras deber ser gestionadas lo más próximo posible a su lugar de origen.

Asimismo, la organización ecologista sostiene que el debate en torno a la posibilidad de exportar los residuos de envases demuestra que la incineradora de Son Reus no sólo no solucionó el problema que existe en Mallorc en relación a la gestión de basuras, sino que encareció el coste del tratamiento.