La ONG presentó hoy sus alegaciones al Plan de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 ante la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático. El plazo para presentar objeciones a este plan, que fue presentado por el Ministerio de Medio Ambiente el pasado 12 de julio, concluye el próximo sábado.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, explicó que las alegaciones inciden en tres aspectos principales: el principio de que "quien contamina, paga"; la necesidad de reducir la asignación de derechos de emisión y el imperativo de quitar al sector eléctrico la "subvención" que le concede el Gobierno.

Según López de Uralde, "si regalamos los derechos, las industrias optarán por lo que les sale más barato, no por lo más eficiente". Por ello, insistió en que los derechos deben ser comprados, y apuntó a la subasta como el método más adecuado.

Asimismo, propuso la creación de una ley de energía renovable, ante "la necesidad de seguridad en el sector". A su juicio, el cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto requiere de un compromiso fuerte por parte, no sólo al Ministerio de Medio Ambiente, sino de todo el Gobierno.

Para López de Uralde, las olas de calor como la del año 2003 y las plagas de medusas en las costas mediterráneas son fruto del cambio climático. Asimismo, señaló que Kioto es el único instrumento de que disponemos para que, en los próximos años, la temperatura global del planeta no aumente en más de dos grados.

Por ello, insistió en que el Plan de Asignaciones para 2008- 2012 propuesto por el Gobierno es "rotundamente insuficiente", porque no disminuye la emisión de gases, sino que se limita a compensar las altas emisiones de CO2a través de "mecanismos de desarrollo limpio", es decir, a través de intervenciones en terceros países.

SECTOR DIFUSO SOBRECARGADO

La responsable de campañas de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, explicó que el Plan del Gobierno supone "una carga desproporcionada de reducción de emisiones en los sectores difusos", es decir, en sectores como transportes, vivienda y comercio, colocando al sector industrial en una posición de ventaja.

Si Kioto establece que las emisiones máximas sean un 15% superiores a las del año 1990, las que se derivarían de la aplicación del Plan serían un 37% superiores a las del citado año, según la ONG (esto es, superarían en 100 millones de toneladas de CO2 las emisiones fijadas por Kioto).

Por otro lado, Montón presentó los resultados de un análisis que la organización solicitó al instituto alemán Fraunhofer. Según este estudio, el Plan no garantiza el cumplimiento de los objetivos de Kioto "si no es utilizando en gran medida, y muy por encima de la Unión Europea", los "mecanismos de desarrollo limpio" que posibilita del protocolo de Kioto".

Según el análisis, para poner en marcha estos mecanismos hará falta una financiación nacional de 600 millones de euros por año o de 3.000 millones de euros para el período 2008-12.

Si continúan aumentando los precios de los certificados de reducción de emisiones, habrá que ajustar al alza este presupuesto en el futuro.

Finalmente, con respecto a las medidas de reducción doméstica, Montón señaló que suponen una subvención más a las empresas, que deberían pagar la totalidad del precio de la contaminación.

"Entre todos pagamos al que contamina para que lo siga haciendo y, de este modo, nos resulte a todos más difícil y más caro reducir nuestras emisiones" añadió.