El estudio de impacto ambiental encargado por la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana desaconsejaba la construcción del puerto por las consecuencias negativas que tendría sobre el ecosistema.

Según Marion Stoler, portavoz de Greenpeace, "la decisión tomada por e Consell valenciano sienta un precedente, al ser uno de los primeros casos en que se admite el grave impacto ambiental que supone un puerto deportivo".

La organización ecologista inició una campaña contra esta instalación cuando a finales de 1991 los promotores del puerto intentaron iniciar las obras.

Para la portavoz de Greenpeace, "la decisión de las autoridades valencianas puede marcar el comienzo de una nueva política de gestión costera en España, en la que primen la conservación de los recuros marinos y su utilización racional a largo plazo, en lugar de permitir la destrucción desenfrenada de las zonas costeras".