Greenpeace hizo esta petición al presentar un informe detallado en el que se recoge la utilización de las bombas de racimo en los conflictos armados.

En el documento, "Bombas de racimo: la lluvia de acero. Razones para la prohibición", se recogen los datos de fabricación de este armamento en España y los efectos que causan en la población que es atacada por ellas.

El informe resalta que "España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. Varias empresas de nuestro país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden".

Además, el Ejército español, según reconoció el ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas. En concreto, el Ejército del Aire posee los modelos CBU-100B (Rockeye), importada de EEUU; la antipista BME-330 y la granada de mortero MAT-120, ambas de fabricación nacional.

Según Greenpeace, la contradicción de la postura española se demuestra en que la desactivación de estas peligrosas armas es, precisamente, una de las tareas que deben asumir los soldados españoles desplegados en misiones de mantenimiento de la paz.

"Un Gobierno que apuesta por la paz no puede permitir que en España se fabriquen estas armas y que el propio Ejército español las posea. Es necesaria una legislación que evite que sigan causando víctimas inocentes", concluyen los ecologistas.