Según la organización ecologista, Costas de Huelva, que se dirigió en septiembre tanto a la empresa como al Ayuntamiento de Ayamonte para notificar el deslinde que determina provisionalmente el dominio público marítimo-terrestre y que incoó una orden de paralización de obras en el mismo, no ha interpuesto ás medidas efectivas que dichas comunicaciones por escrito. Sin embargo, las obras siguen adelante.

Greenpeace también se ha dirigido a Fernando Marín, director general de Costas, para ponerle al tanto de los avances de las obras, que los ecologistas pudieron comprobar la semana pasada.

La organización ha pedido además a Marín que su dirección determine ya en la zona la servidumbre de protección de cien metros que la Ley de Costas exige para todo el litoral.