Greenpeace reconoce que "hay evidencias de los mercados que muestran que los Estados miembros fueron muy generosos con las asignaciones de derechos de emisión a sus industrias en el primer Plan Nacional de Asignación (PNA) para el periodo 2005-2007".

Así, los números muestran que las emisiones otorgadas a las industrias españolas, excepto a la de generación eléctrica, fueron, en el 2005, superiores a sus emisiones de CO2. Sin embargo, en el caso de las eléctricas, las emisiones reales superaron los derechos conseguidos a causa de la sequía, como consecuencia del cambio climático, y las paradas nucleares, por motivos de seguridad.

La Comisión Europea y los países miembros "deben asegurar que el total de los derechos de emisión disponibles se reduzcan significativamente para el periodo 2008-2012", afirman los ecologistas.

"Los Gobiernos europeos han ignorado descaradamente el propósito que persigue el comercio de emisiones, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y abusan del sistema de comercio bajo la presión de la industria sucia", dijo Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace en un comunicado.

Greenpeace reclama al Gobierno español que sea "mucho más duro" con los sectores contaminantes. La principal herramienta para lograrlo ha de ser el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 (PNA) de derechos de emisión, que se debe presentar a la Comisión Europea antes del 30 de junio.