Frente a la "desidia" de la Justicia y la Administración españolas en perseguir esta práctica, Greenpeace recuerda el reciente reconocimiento por parte de la Comisión Europea de haber cometido una infracción de su propia legislación en esta materia.

Los hechos sucedieron el pasado día 1 de diciembre cuando las autoridades europeas reconocieron que en la rehabilitación del edificio Berlaymont, sede del Ejecutivo comunitario, se utilizó madera ilegal procedente de Indonesia. El contratante encargado de proporcionar este material reconoció su infracción y fue multado por ello a pagar 750 euros, dado que la madera era ya imposible de retirar.

"Pese a lo simbólico de la multa, es la primera vez que la Administración europea reconoce que el mercado de productos forestales y la contratación pública son, a su vez, parte del problema y parte de la solución", señaló Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace. "Ahora hace falta que la justicia española y el Ministerio de Medio Ambiente se tomen en serio este problema", aseveró.

AMPLIACIÓN DEL REINA SOFÍA

En octubre de 2005, Greenpeace denunció ante la Fiscalía de Madrid que las obras de ampliación del Museo Reina Sofia habían producido un grave impacto ambiental en la Amazonia brasileña, hechos que son susceptibles de constituir un delito ambiental recogido en el código penal español.

Greenpeace expuso con una acción directa que la procedencia de la madera de jatoba utilizada en el Museo Reina Sofía en las salas de exposiciones, auditorio, biblioteca y oficinas, así como paredes y falsos techos, procede de empresas brasileñas con una amplio historial delictivo y multadas por las autoridades brasileñas por talar, transportar y procesar madera incumpliendo la ley.

Pese a la amplia documentación aportada por Greenpeace y la mención a los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno español, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra comunicó en marzo de 2006 el archivo de las actuaciones, calificando la actitud de los implicados como "imprudente".

En una situación similar, en febrero de 2006, el Grup Balear de Ornitología (GOB) y Greenpeace denunciaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Baleares que en las obras de modernización de los accesos al Parque Natural de La Albufera de Mallorca se incluyó, entre los materiales, madera de ipé procedente de la Amazonia, vendida en Brasil por una empresa maderera del Estado de Pará, multada cuatro veces en el periodo 2002-2004 por extracción, transporte y procesamiento de madera fuera de la ley.

La madera de ipé llegó a España en julio de 2005, un año después de que la empresa maderera fuera encontrada culpable de talas ilegales y 7 meses después de que el plan de manejo fuera suspendido por la falsedad de los títulos de tierras.

Sin embargo, en septiembre de 2006 el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente de las Islas Baleares archivó la denuncia al no quedar acreditado, según la Fiscalía, la existencia de infracción penal.

LEY DE MONTES

"Las cosas podrían cambiar a mejor si se aplicara la nueva Ley de Montes, que en su reciente modificación ha incluido un artículo sobre compra responsable de productos forestales en la que insta a las administraciones públicas a evitar la adquisición de madera y productos derivados procedentes de talas ilegales mediante procedimientos de contratación pública que tengan en cuenta criterios ambientales", señala Greenpeace.

Una investigación de Greenpeace sobre la presencia en el mercado español de productos papeleros procedentes de la tala ilegal de los bosques de Indonesia ha revelado que papeles fabricados por la empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) están siendo importados y distribuidos en España.

Según esta ONG, APP acumula acusaciones de devastación medioambiental, constantes abusos contra las comunidades que habitan sus zonas de explotación, desprecio a la legislación y sobornos y presiones a funcionarios del Gobierno.

Pese a este curriculum, Greenpeace ha encontrado que administraciones públicas de toda España, en Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura y País Vasco, utilizan como contratista habitual a las empresas distribuidoras del papel de APP. La ONG ha encontrado además papel de APP en las oficinas de la Consejería de Justicia en Granada. "Con el dinero de los ciudadanos se compran productos y se contratan empresas que hacen más inhabitable el planeta, y esto es legal" denunció Soto.