Así lo explica en su informe ‘Injusticia alimentaria. 2020-22. Sin control, sin regulación y sin rendir cuentas: ¿Quiénes se benefician del hambre?’, donde apunta que 20 multinacionales de los sectores de grano, fertilizantes, carne y lácteos dieron más de 53.000 millones de dólares (casi 50.000 millones de dólares) en ganancias a sus accionistas en 2020 y 2021.

Mientras, la ONU indica que con menos dinero sería suficiente para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo vital a los 230 millones de personas más vulnerables del mundo. Según la FAO, el número de personas con hambre aumentó en más de 150 millones en 2021 en comparación con 2019.

“Lo que estamos presenciando es una enorme transferencia de riqueza a unas pocas familias ricas que, básicamente, son propietarias del sistema alimentario mundial, en un momento en que la mayoría de la población mundial está luchando para llegar a fin de mes. Es simplemente escandaloso e inmoral”, según Davi Martins, activista de Greenpeace International.

Martins apuntó que solo cuatro empresas (Archer-Daniels Midland, Cargill, Bunge y Dreyfus) controlan más del 70% del comercio mundial de cereal y “ni siquiera tienen la obligación de revelar lo que saben sobre los mercados globales”.

“La falta de transparencia en torno a las verdaderas cantidades de grano almacenadas después de la invasión rusa de Ucrania fue un factor clave que alimentó la especulación en los mercados de alimentos y los precios inflados”, añadió.

“ACTUAR AHORA”

Mónica Parrilla, responsable de biodiversidad en Greenpeace España, recalcó que “estas corporaciones son tan codiciosas que han expulsado del sistema a los pequeños agricultores y productores locales, cuyo propósito es realmente alimentar a la gente”.

“Los gobiernos deben actuar ahora para proteger a las personas de los abusos cometidos por las grandes corporaciones. Necesitamos políticas que regulen y aflojen el control corporativo sobre el sistema alimentario mundial o las desigualdades actuales solo se profundizarán aún más. Esencialmente, necesitamos cambiar el sistema alimentario. No hacerlo está costando millones de vidas”, explicó.

Greenpeace indicó que apoya un cambio a un modelo de soberanía alimentaria, de manera que el sistema alimentario y agrícola transite hacia uno sostenible y resiliente, y una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, cuya producción y comercialización sea ecológica, local y de temporada.

“Esto pasa por la dinamización rural, por la protección de nuestros pueblos a través de la alimentación sostenible y de cercanía en las ciudades, por la creación de canales cortos con las personas consumidoras y por otra relación pueblo-ciudad. Es necesario un sistema alimentario colaborativo y socialmente justo, donde las comunidades tengan el control”, subrayó.

PROPUESTAS

Entre las medidas necesarias están, según Greenpeace, considerar los alimentos un bien común y un derecho humano, y no una mercancía más, y garantizar el derecho a una alimentación sana para todo el mundo con iniciativas sociales como la renta básica universal para ayudar a combatir la pobreza y redistribuir la riqueza.

Fomentar la protección laboral para garantizar que quienes cultivan, producen, comparten o distribuyen alimentos reciban unos ingresos dignos acorde a su rol vital; medidas de relocalización como exigir a los Gobiernos locales que adquieran alimentos a productores locales en lugar de externalizar la producción a otros países, e introducir un IVA más bajo para los bienes que cumplan determinados criterios, como ser producidos para la población local, de forma respetuosa con el medioambiente o respetando los derechos laborales.

En cuanto a las personas responsables de las políticas y a los Gobiernos, Greenpeace propuso gravar los beneficios extraordinarios de las empresas durante las crisis con “un impuesto ambicioso” para todo el sector, combatir que se burle la normativa para que los bancos no eludan las normas destinadas a frenar la especulación, mejorar la transparencia en el comercio y las operaciones del sector alimentario para limitar los abusos de las grandes corporaciones y garantizar que cuando se conceden fusiones y adquisiciones haya normas adicionales que garanticen la transparencia.

Además, Greenpeace recomendó que los Gobiernos intervengan cuando los precios fluctúan de forma rápida imponiendo paros comerciales, frenando la transferencia de riqueza y aislando a cultivadores y consumidores de la inestabilidad del mercado; elevar el impuesto sobre el pago de dividendos al accionariado adinerado y un impuesto único y solidario sobre el patrimonio del 1% de personas con ingresos más altos.