El citado informe critica el pillaje de los recursos pesqueros de Guinea Conakry, país africano que no dispone de medios para controlar de forma adecuada sus aguas, y "pone de relieve la participación de compañías que han recibido subvenciones de la UE en actividades ilegales de pesca en aguas de este país", según la organización ecologista.

El responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace, Sebastián Losada, indicó que "España es responsable, como Estado portuario y mercado que se beneficia de estos productos de la pesca, de poner los medios efectivos para garantizar que estas flotas piratas no se benefician de sus instalaciones".

A su juicio, "parece una broma que un puerto con un movimiento anual de unas 400.000 toneladas de pescado congelado cuente con, a lo sumo, cuatro inspectores".