La organización ecologista internacional ha emprendid ya el denominado "Pleito del CO2", con el que pretende bloquear la transferencia de fondos para este proyectoo.

Según las citadas fuentes, la CE ha realizado pagos ilegales por valor de 40 millones de Ecus (5.500 millones de pesetas de 1989) al Gobierno español, a través de los fondos FEDER, para financiar las centrales térmicas que construye la empresa eléctrica Unelco en la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona y en la grancanaria de San Bartolomé de Tirajana.

Greenpeace asegura que la Coisión ha violado su propia normativa en materia de financiación de proyectos, al destinar 5.500 millones a las dos mencionadas centrales, antes de la conclusión del proceso de estudio del impacto ambiental que pueden provocar.

Consideran que las dos centrales son "fábricas del cambio climático", y afirman que emitirán a la atmósfera el doble de CO2 que todas las actuales térmicas de Canarias juntas, "que por cierto, no dejarán por eso de funcionar".

Los abogados de la organización argumentarán ane el Tribunal Europeo de Justicia que los pagos realizados fueron ilegales y solicitarán que los pagos que quedan pendientes sean bloqueados.

"Esta actividad ilegal de la propia CE muestra la hipocresía de la política de la Unión Europea sobre el CO2", aseguran los portavoces de Greenpeace.

Alegan que las investigaciones financiadas por la propia Comisión han revelado que el aumento de las emisiones de CO2 provocará un cambio climático de consecuencias devastadoras, incluyendo un agravamiento de a desertificación y las sequías en Canarias, la Península Ibérica y el resto de la Europa meridional.

Este escándalo se produce menos de una semana después de que los líderes europeos acordasen ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que compromete a los países europeos a reducir para el año 2000 sus emisiones de CO2 al nivel que tenían en 1990. Por contra, ahora se descubre que han estado propiciando que las emisiones de España se eleven en un 25 por ciento antes de finde siglo.

"Ahora el Gobierno de Canarias sólo tiene dos opciones: cancelar todos los permisos que se concedieron ilegalmente a Unelco desde un principio y paralizar las obras de inmediato, o verse implicado en un grave escándalo legal y político", declaró José Luis García Ortega, responsable de la campaña Energía Limpia de Greenpeace España.