Según un comunicado de la organización, Greenpeace denuncia que alcaldes socialistas pretenden urbanizar el litoral de Huelva pasando por encima de la Ley de Costas y destruyendo zonas protegidas e inundables, como humedales, dunas y playas.

La organización ecologista se refiere en concreto a las construciones "ilegales" que se han realizado en la playa de Isla Canela (Ayamonte).

En este sentido, los ecologistas dirigen sus críticas hacia la Junta de Andalucía y denuncian que "autorizó construcciones ilegales en el litoral".

Para Eva Hernández, responsable de la Campaña de Hábitats de Greenpeace, la situación generada en Isla Canela es el resultado de las presiones de la urbanizadora PRYCONSA y su filial ISCASA en Ayamonte.

"Si de por sí resulta lamentable ver cómo los responsables municipaes anteponen los beneficios de empresas privadas a los derechos de los ciudadanos", dice Hernández, "es incomprensible y, desde luego, inaceptable, que tales presiones lleguen a traducirse en permisos ilegales de la Junta de Andalucía".

Por último, concluye el comunicado, la falta de ordenación del litoral andaluz se debe a los intereses en su explotación urbanística, y lo que ocurre en Isla Canela es "un exponente del vertiginoso proceso urbanizador que se quiere llevar a cabo aquí, siguiendo el obsoeto modelo de sol y playa que ya está demostrando fallar en otros lugares del país".