Además, los conservacionistas han criticado el acuerdo alcanzado sobre las sustancias dstructoras de la capa de zono, ya que deja fuera de control a los HCFCs.

Para Greenpeace, las medidas adoptadas por la CE para restringir el transporte de residuos tóxicos tienen "una doble cara", "puesto que permite su tráfico hacia las zonas más pobres siempre que el país receptor asegure que los va a reciclar".

Los ecologistas aseguran que esta decisión provocará situaciones como la de Somalia, donde el Gobierno aceptó los residuos sin disponer de ninguna instalación de tratamiento, y motivaráque los estados que cuentan con controles ambientales débiles en sus plantas de tratamiento, "como España, se conviertan en basureros de los más estrictos".

Según Dolores Romano, portavoz de Greenpeace España, "los residuos tóxicos no pueden ser reciclados sin afectar seriamente a la salud pública y al medio ambiente".

"Mientras ministros de Medio Ambiente", agregó, "como José Borrell, sigan considerando los residuos una mercancía cuyo tratamiento genera beneficios económicos, seguirá abierto el ráfico hacia las zonas más pobres".

Respecto al proceso de destrucción que sufre la capa de ozono, Dolores Romano señaló que "la CE parece confiar en las multinacionales químicas, que quieren vender sus nuevos productos, comos HCFCs, en sustitución de los CFCs, ignorando las alternativas inofensivas para el ozono que ya están disponibles".