Xavier Pastor, presidente de Greenpeace España, manifestó en rueda de prensa que si bien esta organización ha rechazado algunos aspectos del plan, considera que los más positivos del mismo han sido incumplidos por el propio Gobierno.

La organización conservacionista ha recordado que los residuos tóxicos y peligrosos susceptibles de incineración en el plan nacional sól suponían un 0,6 por ciento del total.

Según Pastor, el Gobierno ha intentado basar la gestión de estas basuras en la construcción de plantas de incineración que provocan emisiones peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

"Por el contrario", explicó, "nadie sabe dónde han ido a parar los 7.500 millones de pesetas que el Estado tenía previsto destinar al fomento de tecnologías limpias y a la investigación".

Además, la organización ecologista considera incumplido el objetivo de redcir en un 15 por ciento la producción total de residuos tóxicos de la industria española a principios del presente año, ya que la Empresa de Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa) prevé que la generación de estos desechos aumentará en un 50 por ciento en los próximos 7 años.

Por su parte, Juan López de Uralde y Dolores Romano, miembros de Greenpeace, denunciaron la desaparición de empresas dedicadas a la recuperación de aceites usados y acusaron a la Administración de provocar esta situación por sbvencionar la incineración en lugar de la reutilización.

PRESION DE LAS MULTINACIONALES

A su juicio, las causas del fracaso del Plan Nacional de Residuos Industriales puesto en marcha en 1989 y reconocido por el propio ministro de Obras Públicas y Transportes son la ausencia de diálogo con las fuerzas sociales implicadas, la escasa importancia que el Gobierno y los partidos políticos otorgan al medio ambiente, los planteamientos económicos de algunos empresarios y la fuerte influencia que ejercen ls multinacionales de gestión de residuos sobre las políticas ambientales.

Dolores Romano aseguró que algunas multinacionales del sector químico de los derivados del cloro marcan la política del Gobierno, a quien acusó de utilizar planteamientos obsoletos para resolver los problemas que genera la gestión de los residuos tóxicos.

Como alternativa a la incineración y la cada vez mayor producción de residuos industriales, Greenpeace propone la ejecución de políticas preventivas y la producción limpiaen origen.

Esta organización internacional ha elaborado diversos estudios e informes que intentan demostrar que con las tecnologías que existen en la actualidad y el desvio de mayores inversiones a la investigación es posible eliminar la producción de estos desechos.

Sin embargo, el Gobierno considera imprescindible la creación de incineradoras que traten una parte de los más de dos millones de residuos tóxicos y peligrosos que produce anualmente España.

El fracaso del Plan Nacional de Residos Industriales y la negativa de las comunidades autónomas a acoger en sus territorios incineradoras ha obligado al Ejecutivo a revisar el plan puesto en marcha en el 89.