La organización ecologista denuncia también que el plan "no define quién, cómo y cuándo controlará a la flota italiana y sancionará a aquellos pesqueros que sigan utilizando redes ilegales. Hasta la fecha, las autoridades de inspección no han dado sino muestras de incumplir su cometido y los puertos del sur de Italia, Sicilia y Cerdeña llevan años abarrotados de rederos ilegales.

Para Greenpeace el plan italiano "no es sino un listado de incentivos económicos para que los rederos abandonen su actividad. El plan va dirigido a los armadores que deseen cambiar de arte de pesca o abandonar la actividad pesquera y reitera que no significa que Italia vaya a prohibir las redes de deriva".

Así, los ecologistas indican que el plan no señala la intención del gobierno italiano de prohibir totalmente las redes de deriva el alta mar, "aunque es de dominio público que las redes legals (de 2,5 Kilómetros de longitud) son inviables desde el punto de vista económico".

Según Assumpta Gual, portavoz de Greenpeace, "los fondos de ayuda superan los 35.000 millones de pesetas y esa cantidad de no ser bien utilizada podría incluso generar más problemas que los que se pretenden evitar. Tanto el gobierno italiano como la Comisión Europea tienen la responsabilidad de asegurar que este dinero se invierte para frenar la pesca destructiva y no sostenible".