En una nota, Greenpeace muestra este rechazo después de que Villanueva diera a conocer que la Junta de Castilla y León apuesta por el funcionamiento de esta central más allá de 2009, fecha en la que expira su actual permiso d explotación.

A juicio de los ecologistas, "la Junta de Castilla y León cierra los ojos ante los problemas de seguridad de Garoña y justifica su funcionamiento con argumentos energéticos que no se ajustan a la realidad, ya que la producción eléctrica media de los parques eólicos instalados en esta comunidad compensa sobradamente la aportación de Garoña, lo que evidencia que se puede prescindir sin problema de esta central nuclear".

Por otro lado, Greenpeace destaca que "es preocupante la posible elación entre la incidencia negativa en la salud pública en el entorno de Garoña y la actividad de esta central nuclear.

Por ello, los ecologistas instan al Gobierno autónomo a promover un estudio epidemiológico independiente que investigue en profundidad estos hechos, que son exponentes de los peligros ambientales y sanitarios a los que puede estar viéndose sometida la población del entorno de esta instalación nuclear.