Según Greenpeace, esta política "está basada en el principio obsoleto de 'quien descontamina cobra'. Este principo acepta el derecho a contaminar, y por tanto es aún más agresivo que el conocido 'quien contamina paga' y está muy lejo del principio de precaución, promovido en las estrategias de residuos de la Unión Europea".

Además, la organización señala que Medio Ambiente "margina la prevención, elemento prioritario de la jerarquía de residuos comunitarios, y pretende potenciar la incineración de residuos".

La organización ecologista acusa al departamento que dirige Isabel Tocino de "falta de transparencia y de diálogo con las organizaciones sociales" y afirma que esta política está "claramente influida por los planteamients empresariales".