La iniciativa, que ha partido de la Junta, pretende elevar los límites legales, debido a que algunas especies pesqueras de la zona han superado con mucho los topes máximos autorizados en la actualidad.

Con esta medida, según la organización ecologista, el Gobierno autonómico pretende evitar el pago de las indemnizaciones a todos los pescadores afectados por la imovilización de dichas especies, ordenada hace unas semanas.

"Es lamentable que después de las pésimas actuaciones por parte de ambas administraciones para dar una solución eficaz al problema del vertido de la empresa Boliden en Doñana y en el estuario, tengamos que asistir de nuevo a unas propuestas descabelladas", declaró Pablo Mascareñas, portavoz de Greenpeace.

"Habría que recordarles a los representantes del Gobierno central y autonómico que los límites legales no se establecen por capricho,sino en base a la información científica disponible en ese momento", agregó. "La experiencia nos dice que dichos límites normativos con el tiempo siempre tienden a rebajarse y ser más restrictivos, nunca al contrario".

Por otro lado, Greenpeace recordó a la Junta de Andalucía que todavía no ha hecho públicas las condiciones que la Consejería de Industria ha impuesto a la empresa minera Boliden para el reinicio de su actividad. Un reciente informe de la propia compañía sueca pone en evidencia la falta e estabilidad de la balsa siniestrada, según la organización ecologista. La semana pasada miembros de Greenpeace se personaron en la consejería para solicitar por tercera vez dicha información.