Carlos Bravo, miembro de la organización eclogista, calificó de hipócritas las palabras del secretario general de la Energía, Alberto Lafuente, quien aludió a la "solidaridad intergeneracional" para justificar la construcción del almacenamiento.

El portavoz de Greenpeace manifestó a Servimedia que "con la creciente producción de los residuos radiactivos lo único que estamos haciendo es dejar una herencia mortal a las generaciones venideras durante miles de años, tiempo durante el cual este tipo de desechos mantienen la radiactividad".

"Halar de solidaridad en estas circunstancias", dijo, "supone incurrir en una gran hipocresia. Realmente deberiamos referirnos a la insolidaridad con las generaciones futuras que refleja la producción de residuos radiactivos".

Según Carlos Bravo, el IV Plan de Residuos Radiactivos demuestra "la inviabilidad económica de la energía nuclear, fundamentalmente porque no plantea solución alguna al problema de los residuos".

Los ecologistas consideran que, si bien es cierto que dilatando los periodos de rcarga de combustible de las centrales nucleares, tendencia que se mantiene en la actualidad, se reduce la producción de residuos, también se incrementa el poder contaminante de los mismos.

"Además", agregó Carlos Bravo, "al aumentar de 30 a 40 años la vida útil de las centrales nucleares, posibilidad que plantea el propio ministerio, aunque el plan hable de 30 años, se incrementa también la cantidad de residuos y los costes destinados a su gestión".

El análisis de Greenpeace tampoco considera rigroso y exacto el cálculo que el Gobierno realiza en relación a los costes de desmantelamiento de las centrales nucleares.

Respecto a la nueva ley anunciada por el Gobierno para facilitar la selección del futuro almacenamiento de residuos radiactivos, Bravo indicó que "la idea está tomada de la legislación francesa, donde promulgaron una norma para acabar con la opoisición política que generan estos proyectos".

Sin embargo, adelantó que, "aunque consigan que las comunidades autónomas autoricen la onstrucción de estas instalaciones a cambio de dinero, la ley no podrá ocultar ni acallar el rechazo social que generan los cementerios nucleares".

La asociación ecologista Aedenat también respondió hoy a las palabras del secretario general de la Energía, quien aludió ayer, martes, a la necesidad de "alcanzar un nivel de madurez social y política" para elegir el emplazamiento del cementerio nuclear.

Para Aedenat, "es el Gobierno es el que debe alcanzar dicha madurez con el abandono de la energía uclear, que fue impuesta por una dictadura y a la que se opone la mayoría de la población, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)".