Según una circular de la CNE aprobada por el Consejo de Administración del organismo regulador, las facturas de distribuidores y comercializadores eléctricos deberán informar al consumidor sobre el origen de la electricidad y su impacto sobre el medio ambiente.

Para Greenpeace, el sistema tiene un "grave defecto": "deja abierta una peligrosa puerta al 'engaño verde' por parte de las compañías".

"Una empresa que quiera edulcorar artificialmente la etiqueta de la energía que vende, para hacerla parecer más limpia de lo que realmente es, podría hacerlo simplemente adquiriendo garantías de origen que alterarían la combinación de energías que se ve en la etiqueta, sin tener que haber cambiado en nada la energía que realmente está suministrando", subrayó.

Por esta razón, Greenpeace pide que en la ley de energías renovables "que todos los partidos prometen" se refuercen las exigencias para calificar el impacto ambiental en el etiquetado eléctrico.