Greenpeace argumenta que la normativa "no incluye ninguna propuesta de reducción del volumen de envases y embalajes que se fabrican cada año y que constituyen el corazón de la crisis ambiental generada por los residuos urbanos".

A su juicio, el Gobierno no querido disutir el proyecto con las organizaciones ecologistas y de consumidores, y ha preferido aprobar "el texto que le han dictado directamente desde la CEOE, tirando por tierra varios años de discusiones de todos los agentes sociales con el Gobierno socialista".