Greenpeace indica que la multa que la Comisión solicita para España -que asciende a 45.000 euros (unos 7,5 millones de pesetas) al día- acompaña a un segundo recurso del Ejecutivo comunitario contra España ante el Tribunal de Justicia para obligar a nuestro país a cumplir una sentencia dictada por dicho tribunal en 1998.

"Entonces no se había comenzado a tramitar el PHN y el Gobierno no ha incluido posteriormente parámetros de calidad ambiental en el Plan Hidrológico que hoy se encuentra obre la Mesa del Senado, en sus últimas fases de tramitación", afirman los ecologistas.

Según Eva Hernández, responsable de la Campaña de Hábitats de Greenpeace España, "el Gobierno español no ha adoptado medidas para controlar la contaminación de las aguas interiores tras recibir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 1998, y no ha incorporado en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional tramitado posteriormente parámetros ambientales ni medidas para asegurar la calidad de las aguas".

Para la organización ecologista, este PHN tampoco tiene en cuenta los preceptos establecidos en la Directiva Marco de Aguas de la UE, recientemente aprobada, e incluso propone la construcción de nuevos emisarios submarinos que viertan aguas no depuradas al mar.