Así lo expresan en un comunicado del Consejo Empresarial de Comercio, integrado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Confederación Española del Comercio de Pequeña y Mediana Empresa (CEC), suscrito también por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y las Federaciones Agroalimentarias de UGT y de CCOO.

Este tipo de iniciativas discriminatorias sobre el consumo pueden llegar a producir importantes efectos no deseados, como la pérdida de puestos de trabajo, la penalización de las compañías en función de su domicilio social, así como daños a la capacidad competitiva de la industria nacional, advierten los firmantes.

En una economía abierta como la española las empresas constituyen, con independencia de su localización o de su domicilio social, el punto de encuentro de intereses económicos y sociales, y generan múltiples relaciones con proveedores y clientes, no localizables en un ámbito geográfico determinado, añaden los firmantes.

Los representantes empresariales y sindicales de la industria y del comercio consideran que estas campañas perjudican a la economía española en su conjunto, dañan la competitividad del sistema productivo y generan distorsiones indeseables para la unidad de mercado.

Los firmantes piden una reflexión sobre las consecuencias de la politización de los ámbitos económicos e invitan a todos los agentes económicos, sociales y políticos a respetar la actividad de las empresas, como unidades productivas generadoras de empleo y riqueza, que tienen que desarrollar su normal funcionamiento en mercados regidos por las leyes económicas de la oferta y la demanda.