Según López Collado, el directo general de la Policía, Angel Olivares, se ha comprometido a su vez a fortalecer los efectivos en las comisarías.

En el encuentro, convocado con motivo de la elaboración del Plan de Seguridad en Grandes Ciudades que el Ministerio de Justicia e Interior enviará al próximo Consejo de Ministros, estuvo también la directora general de Política Interior, Concepción Sáenz.

Por parte de los ayuntamientos, asistieron los responsables de Seguridad de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga,La Coruña, Valladolid, Alicante y Vigo. El concejal de Las Palmas no pudo viajar a la capital del Estado.

Todos los reunidos han coincidido en que "no se puede simplificar la seguridad ciudadana en un problema de más policía", señaló López Collado. Un órgano importante son las juntas locales de seguridad, que serán convocadas en las grandes ciudades para antes del 15 de diciembre.

JUICIOS RAPIDOS

Asimismo, el ministerio ha coincidido en "la necesidad de generalizar en las grandes ciudades los jicios rápidos -que en 15 días se resuelvan aquellos actos delictivos en los que existen la evidencia, las pruebas y los testigos-", explicó el concejal madrileño.

Los juicios rápidos "funcionan perfectamente bien en Barcelona", indicó Carlos López Collado, que comentó el caso de un delincuente que había sido detenido en Madrid 57 veces. "Está claro que si se hubiera aplicado justicia rápida no hubiera habido margen de tiempo para que a esa persona la hubieran detenido 57 veces".

Otra de las cuestones de las que se habló en la reunión son las encuestas de victimización, un "elemento preciso y científico" para conocer el grado de satisfacción o insatisfacción sobre la seguridad ciudadana, que ya se realizan en Barcelona.

En las mismas se recoge asimismo una estimación de los delitos no denunciados. Los ayuntamientos esperan que la Dirección General de la Policía impulse estas encuestas, que sirven para "conocer sobre todo el elemento subjetivo de la seguridad, que muchas veces es un elemento sutancial", señaló López Collado.

El concejal de Seguridad de Madrid se lamentó de la aplicación que los jueces hacen de la Ley de Extranjería y señaló que esta ley permite a la Justicia expulsar a un inmigrante en situación ilegal que comete un delito al que le puede corresponder una pena de hasta 6 años.

Sin embargo, según López Collado, en el cuarto trimestre de 1993 hubo un total de 453 peticiones de expulsión y las autoridades judiciales aceptaron 5. "Estamos en unas cifras realmente alarmante, sobre todo porque es una ley hecha por un parlamento democrático y no hay ninguna razón para que no se quite de la circulación en este caso a 448 personas que, sin lugar a dudas, han seguido durante ese tiempo dedicándose a actividades delictivas".

Por otro lado, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, para que informe sobre la "manifiesta falta de seguridad ciudadana" en Madrid y otras grandes ciudade españolas.

Asimismo, el PP preguntará a Belloch durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja por las medidas que piensa adoptar su departamento para reducir la alta tasa de criminalidad existente.