Según indicaron a Servimedia fuentes del caso, el magistrado estará en la zona varios días para recabar todos los datos posibles sobre esta causa que asumió de oficio cuando se produjo el asesinato de los seis militares.

En este viaje, el magistrado mantendrá varios encuentros con las autoridades libanesas que han estado investigando este acto violento, que supuso el primero contra las tropas internacionales de Naciones Unidas que operan en el país.

La primera medida que adoptó el juez cuando se hizo cargo de este caso fue la de prohibir que se incineren los cadáveres de los militares, que fueron las primeras bajas del contingente español de 1.100 militares que operan en la zona.

De la investigación libanesa se desprendió que el atentado fue perpetrado con un coche cargado con 70 kilos de C4, un tipo de explosivo plástico cinco veces más potente que el TNT (dinamita), y que los posibles autores podrían estar en uno de los campos de refugiados que hay cerca del lugar de los hechos.

En su día, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional, solicitó informes sobre lo ocurrido a los Ministerios de Exteriores y Defensa, así como al Juzgado Togado Militar que incoó diligencias en un primer momento tras tener noticia de lo ocurrido en Líbano.

La apertura de esta investigación se basa en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como terrorismo.