En concreto, el juez, a través de un auto fechado el 28 de octubre, ha llamado a declarar al director de chárter de Chapman, Antonio Pérez-Marín Mesa, y a los responsables de operaciones de la oficina que la empresa tiene en Barcelona, Eduardo Palomo Palazón y Silvia Sánchez Andreu.

Todos ellos deberán comparecer para declarar como testigos dentro de la causa que instruye Grande-Marlaska para esclarecer las posibles responsabilidades políticas y militares en la contratación del Yak-42.

Grande-Marlaska ha vuelto a llamar a estos tres responsables de Chapman Freeborn después de que ninguno de ellos compareciera ante su juzgado el pasado 6 de octubre a pesar de estar citados.

Esa no fue la primera vez que responsables de Chapman Freeborn dejan plantado al juez Grande-Marlaska. A pesar de haber sido citado hasta en dos ocasiones, el máximo responsable de la oficina de la empresa en Frankfurt (Alemania), Russi Batliwala, nunca se personó en el juzgado del magistrado.

Tampoco lo hizo la representante legal de Chapman Freeborn a nivel mundial, Carol Norman, quien fue requerida en dos ocasiones por el magistrado para prestar declaración.

De forma complementaria, el pasado 22 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio de Defensa y al de Fomento toda la documentación que posean relacionada a las contrataciones a través de la empresa Namsa y los expedientes de los aviones rusos empleados para el transporte de tropas a Afganistán entre 2002 y 2003.