Además, el magistrado decidió imponer a cada uno de los tres militares una fianza de dos millones de euros -que deberán pagar en un plazo de 24 horas- con el fin de asegurar el pago de las indemnizaciones solicitadas por la Fiscalía y los familiares de las víctimas en caso de ser condenados. Si no abonan la fianza, deberán ingresar en prisión preventiva.

Con esta decisión, hecha pública a través de un auto dictado hoy, Grande-Marlaska pone fin a la instrucción del caso y traslada el sumario a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para la celebración del juicio.

Tanto el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, como los familiares de las víctimas solicitan cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio de cárcel para sus subalternos Ramírez y Sáez.

Todos ellos están acusados de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico que llevó a cabo la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

Para el general Navarro, la Fiscalía solicita, además, una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El fiscal Burgos considera que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pide que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal solicitó que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.

Con esta decisión, Grande-Marlaska pone fin a más de dos meses de instrucción que se iniciaron después de que el pasado 15 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal le ordenará reabrir una investigación que había archivado.