Agregó que incluso ayer le llamó la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, "diciéndome que todas estas noticias que habían salido en los medios de comunicación no tenían ningún tipo de fundamento".

Sí reconoció Granados, en declaraciones a Rado Nacional, que defiende algunas reivindicaciones en cuanto a medios humanos y materiales, así como en lo referido a algunas disposiciones legales, que aún están pendientes de ser aceptadas por el Ministerio de Justicia e Interior.

Por lo que se refiere a las discrepancias sobre disposiciones legales, dijo que el anteproyecto de ley penal del menor no se ajusta a los criterios que defiende el ministerio fiscal. "Son este tipo de discrepancias. Si por parte del Gobierno hay otra opinión respecto a la atuación del ministerio fiscal, eso ya lo desconozco", añadió.

Defendió la independencia, objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación de los fiscales, que no pueden seguir instrucciones del Gobierno. "Pudo haber una época anterior a la Constitución donde el Gobierno sí podía dar esas órdenes e instrucciones, y puede ocurrir que algunas personas no hayan detectado que se ha producido este cambio tan importantísimo como consecuencia de la promulgación de la Constitución", dijo.

Finalmene, afirmó que "el Gobierno puede cesar al fiscal general del Estado, pero el fiscal general del Estado y todos los fiscales de España lo único que tienen que actuar es con arreglo y sujetos al principio de legalidad".

Respecto a la huelga que mantienen los médicos del Insalud, recordó que ha abierto diligencias informativas y está a la espera de que la ministra de Sanidad y Consumo, Angeles Amador, le remita la información que ha solicitado sobre si se han detectado anomalías o irreguralidades.

Tas reconocer la existencia del derecho a la huelga, agregó que "también es cierto que hay otros derechos que pueden vulnerarse en el ejercicio de este derecho de huelga (...), y en este caso nada menos que es el derecho a la salud", por lo que si se demuestra que ha habido coacciones o amenazas, el ministerio fiscal tendría que intervenir.