Granados compareció hoy ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a petición del PNV y del grupo Mixto, para dar explicaciones sobre el paradero del informe elaborado por el fiscal jefe de la Audienca de San Sebastián, Luis Navajas, en el que varios miembros de la Benemérita, incluido el jefe del cuartel de Intxaurondo, coronel Enrique Rodríguez Galindo, aparecían como presuntos implicados en tramas de narcotráfico y contrabando de tabaco.

El Fiscal General del Estado reconoció que el informe del fiscal de San Sebastián le fue enviado, pero al tratarse de "una información interna" su entrada no quedó registrada.

Ante las informaciones aparecidas en la prensa sobre la desaparición del documeno, el Fiscal ordenó la búsqueda del informe por los despachos y archivos de la Fiscalía hasta que acabó por aparecer un fax, copia del documento original, que constaba de ocho folios.

Granados informó que durante los seis años que ha durado la investigación sobre el caso, el contenido de las diligencias informativas 1/89 realizadas por el fiscal Navajas quedaron depositadas en la Audiencia donostiarra, donde "han estado siempre".

Posteriormente, informó el Fiscal General, se inició una investigacón judicial que dejó automáticamente en suspenso las pesquisas de la Fiscalía de San Sebastian cuyo contenido fue incorporado "casi literalmente" a las diligenicas previas 491/91 por el juez de instrucción número 1 de la capital guipuzcoana encargado del caso.

NO CONVENCIO AL PNV

Estas explicaciones no convencieron al portavoz del PNV, Joxe Joan González de Txábarri, quién afirmó contar con testimonios vinculados a la judicatura que le confirmaron que a las diligencias 491/91 se incorporó el contenio de un contrainforme elaborado por la Guardia Civil y no el documento conocido como `Informe Navajas'.

Granados rechazó esta afirmación y garantizó la autenticidad de los datos incorporados a las diligencias del juzgado, a las que también se sumaron los datos obtenidos en una investigación interna realizada por la Benemérita.

A pesar de ello, no dió explicación alguna sobre el hecho de que siempre que se ha solicitado a la Audiencia de San Sebastián copia de ese documento, el juzgado ha remitidola petición a la Fiscalía General del Estado por entender que estaba en su poder.

Según explicó el Fiscal General, el `Informe Navajas' se basaba fundamentalmente en la declaración de un antiguo miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que llevaba 10 meses en la cárcel por estar presuntamente implicado en un delito de tráfico de drogas.

Este ex agente acusó a varios miembros del cuartel de Intxaurrondo y al coronel Galindo de participar en una trama de narcotráfico y contrabando d tabaco basándose en datos "que había oído en la cárcel".

Después de poner en entredicho la credibilidad de estas afirmaciones, Granados rechazó las acusaciones de lentitud y falta de celo a la hora de investigar, formuladas por los grupos de la oposición. Recordó que las diligencias judiciales terminaron con un auto de sobreseimiento dictado en 1993 y aseguró que si hubiera "elementos razonables" que indicaran la comisión de un delito, el caso se volvería a abrir "afectara a quién afectara".

Segn explicó, la única referencia a Galindo que consta en el informe se refería a su presunta implicación con las redes del narcotráfico vasco y a que no declaraba a Hacienda la totalidad de su patrimonio. Estas informaciones también fueron extraídas de la declaración del testigo antes citado.

"OCULTACION"

El portavoz del PNV y el diputado de Eusko Alkartasuna, Xavier Albistur, tuvieron las invervenciones más críticas de la mañana. Acusaron al Gobierno de "ocultación institucional y complicidad". Aseguaron que este caso demuestra que existen dos leyes "una para las Fuerzas de Seguridad y otra para el resto de los ciudadanos" y no quedaron convencidos de las explicaciones de Granados.

Txábarri recordó que el informe del fiscal jefe de la Audiencia donostiarra afirmaba que "existe corrupción policial y civil para el tráfico de drogas y contrabando de tabaco" y exigio el esclarecimiento absoluto del asunto.

Según el diputado del PNV, "el único dato relevante de la comparecencia es que las diligenias informativas 1/89 han estado siempre en la Audiencia, en lo demás se ha atenido a la versión oficial".

El portavoz nacionalista aseguró que su partido ha realizado investigaciones que demuestran que estos actos ilegales de la Guardia Civil se siguen produciendo, aunque reconoció que esos testimonios no han sido comunicados a las autoridades judiciales y además "no son pruebas jurídicas cuya práctica le corresponde al juez y con la intervención del fiscal".

Txábarri dijo no tener obligación decomunicar al juez los datos que obran en su poder, porque "a los políticos también nos asiste el secreto profesional. Conocemos algunos testimonios confidenciales que no podemos violar".