En una nota de prensa conjunta, advierten de que los actos de violencia perjudican no sólo a los legítimos intereses empresariales de las cadenas de distribución, sino también y de manera muy especial a los propios trabajadores gallegos que prestan sus servicios en las tiendas.

Además, Anged y Aces denuncian que dichos actos reflejan una imagen negativa de la región y del propio sector productor que se pretende representar, y al mismo tiempo perjudican al resto de otros productores.

Finalmente, señalana que el sector de la distribución ha estado siempre abierto al diálogo con las Administraciones Públicas y organizaciones de ganaderos intentando buscar soluciones que se ajusten al marco legal y con el objetivo final de ofrecer los productos que demandan los consumidores en las óptimas condiciones de relación calidad-precio.

"Ninguna situación justifica la violencia y menos en este caso, cuando va dirigida contra un sector empresarial que resulta determinante dentro de la cadena de comercialización", concluyen.