Según defiende Anged en una nota de prensa, el Gobierno debería haber aprovechado la ocasión que brinda la necesaria transposición de la Directiva de Liberalización de los Servicios al ordenamiento jurídico español para perfilar un marco legal más competitivo, en beneficio, sobre todo, de los consumidores, dejando de lado viejos impulsos proteccionistas.

Anged entiende que no existe justificación alguna para tramitar de forma independiente el Proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista y que las modificaciones pertinentes deberían haber sido incluidas en el Anteproyecto de Ley Ómnibus (que recoge todas las reformas normativas que exige la Directiva salvo las relativas al comercio), al igual que se ha hecho con el resto de sectores económicos.

Para la gran distribución, "la supuesta excepcionalidad de la distribución comercial supone un agravio comparativo respecto al resto de sectores, perpetuando el marcado carácter intervencionista que pesa sobre aquélla".

Finalmente, recuerda que su propuesta es coherente con el informe recientemente publicado por la Comisión Nacional de la Competencia que textualmente indica que "debe derogarse la obligación de obtener una licencia comercial específica para la implantación, modificación o transmisión de un gran establecimiento comercial".