La vista comienza hoy, y en el juicio intervendrán un total de catorce organizaciones para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la tortura.

La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, firmada por 140 países, entre ellos Gran Bretaña, establece que este tipo de pruebas no es válido en ningún procedimiento judicial.

Sin embargo, el año pasado una sentencia de la Comisión Especial de Apelación en casos de Inmigración estableció que estas pruebas eran admisibles por tribunales británicos en casos de terrorismo, siempre y cuando Gran Bretaña "no participara o fuera cómplice en la tortura."

"En lo que se refiere a la tortura, no debe haber excepciones a las reglas del juego", subraya Holly Cartner, portavoz de la ong norteamericana Human Rights Watch, una de las organizaciones que participarán en el juicio.

La sentencia de la Cámara de los Lores, que se prevé se produzca a finales de año, podría influir sobre la política de extraditación de prisioneros de Gran Bretaña a países donde se producen violaciones de los derechos humanos.

La apelación ha sido presentada por 10 ciudadanos extranjeros, en su mayoría argelinos, que estuvieron detenidos de manera indefinida y sin juicio en la cárcel londinense de Belmarsh y otros establecimientos penitenciarios, hasta que la Cámara Alta decretó, el pasado mes de diciembre, que la ley británica para la lucha contra el terrorismo violaba la Convención Europea de Derechos Humanos.