El programa Oasys calificará la peligrosidad de unos 200.000 acusados cada año, pero su aplicación ha despertado suspicacias de grupos defensores de las libertades civiles.

Esta iniciativa será puesta en páctica el año próximo en Gales e Inglaterra. El especialista Stephen Kramer declaró que el sistema "puede tener implicaciones en los derechos humanos si no se ofrece a la defensa el material en que se basa la sentencia".