En una declaración pública, que leyó en rueda de prensa su portavoz, Margarita Nájera, el Govern se atribuye a sus constante auditorías para poner orden financiero en las consejería el conocimiento público de distintas irregularidades que son objeto de investigación por parte de la Justicia, como el reciente escándalo del "caso Bitel".

Por ello, en la reunión del Consejo de Gobierno de hoy, y ante los distintos casos de malversación económica que van apareciendo, se aprobó una declaración en la que el Govern afirma que "ha encontrado una situación de la Hacienda pública autonómica muy delicada, motivada por el excesivo endeudamiento que ocasionó el anterior Ejecutivo y por un sistema de financiación desfavorable" que ahora revisa y negocia con el Estado.

Agrega la declaración que "por una pésima gestión de las cuentas públicas, todas las consejerías hacen un esfuerzo muy importante en la racionalización de los gastos. Fruto de este esfuerzo", subraya, "se revisa la situación financiera de cada departamento" lo que ha permitido "aflorar hechos y gastos que en algunos casos no están claros".

En estos casos, el Gobierno balear explica que "realiza auditorías internas y encarga a sus servicios jurídicos el análisis de la situación. Si los servicios jurídicos lo consideran necesario, trasladan el caso a la Fiscalía".

En todo este proceso, destaca el Govern que la figura del Interventor Delegado de Hacienda supone una "pieza clave", con funciones de apoyo a las Unidades de Gestión Económica y de revisión de las cuentas públicas. La revisión de cuentas se realiza exclusivamente en los casos en que hay indicios de falta de claridad en el gasto.

"Seremos inflexibles y escrupulosos para que se aplique la ley con toda su contundencia en los casos en que se demuestre una gestión delictiva", asevera el equipo de gobierno actual, que resalta que "la prioridad es la transparencia, la racionalidad y la austeridad en la gestión del dinero público".

Preguntada por ello en la rueda de prensa habitual de los viernes, en el Consolat del Mar, sede del Gobierno balear, su portavoz, Margarita Nájera, reiteró que el Govern "va a ser absolutamenet contundente en el respaldo a la acción de la Fiscalía y de la Justicia y de la investigación en todos y cada uno de los ámbitos para dejar claras las cosas".

"Creemos que es fundamental esta labor de la Justicia que va a investigar todas estas cuestiones", agregó, "tanto los temas del plan territorial como la empresa Bitel, o en el marco de lo que fue la Consejería de Comercio en la pasada legislatura. Es es un deber absolutamente democrático el que afloren estas cuestiones y fundamental que la Justicia actúe en una situación como la que estamos ahora", concluyó.