El pasado día 7, los medios de comunicación publicaron que varios fiscales de la Audiencia Nacional habían remitido al fiscal general del Estado la sentencia absolutoria de Gorostiza dictada por la sección segunda de la Sala de lo Penal "a los efectos oportunos" dado que, a su juicio, era muy grave que esa sala se apartase en su fallo de la doctrina del Tribunal Supremo al vlver a anular, en contra del Alto Tribunal, la validez probatoria a las grabaciones de las conversaciones del abogado con un preso etarra sin aportar ningún elemento nuevo.

Estas informaciones provocaron que 9 de los 10 magistrados de la Sala de lo Penal elaborasen una nota en la que expresaban su "inquietud" por "ciertas actitudes ante las resoluciones de las secciones de esta Sala" y en la que consideraban que esa protesta atentaba su independencia judicial.

Paralelamente, el fiscal jefe de la udiencia Nacional, José Aranda, quien según las informaciones difundidas respaldó la protesta, acordó abrir diligencias informativas a la fiscal del caso señalando que la única decisión que se adoptó con su consentimiento fue la de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra dicha sentencia, desmintiendo de ese modo que se hubiera producido dicha protesta.

La pasada semana, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó remitir al CGPJ la nota elaborada por los magistrados d la Sala de lo Penal, que fue estudiada hoy por la Comisión Permanente, acordando que no se había atentado contra su independencia.

En su nota, los magistrados mencionaban además al vocal del CGPJ Javier Gómez de Liaño, aunque sin especificar de qué modo habría intervenido en los hechos, por lo que la Comisión Permanente acordó hoy requerir a los magistrados que concreten este extremo.