El juicio contra Gorostiza estaba fijado para los pasados 1 y 2 de diciembre, pero fue suspendido después de que su abogado plantease cinco cuestiones previas sobre la obtención de lasgrabaciones, la vulneración del secreto de las comunicaciones y la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica del Régimen Penitenciario, entre otras.

Posteriormente, el tribunal dictó un auto el 21 de diciembre en el que anuló las pruebas contra el letrado, por considerar que las grabaciones de sus conversaciones con un preso etarra, en las que le transmitió órdenes para atentar contra funcionarios de prisiones, eran ilegales.

En su escrito, la sala consideró que las cintas habían sido obtenidas infingiendo "gravemente" el artículo 18.3 de la Constitución que garantiza el secreto de las comunicaciones, ya que la intervención de las conversaciones no fue comunicada al juez.

Tanto el fiscal como la Asociación Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación particular, han anunciado que, a pesar de la anulación de las cintas, mantendrán sus acusaciones contra el abogado, para el que solicitarán 7 y 10 años de prisión, respectivamente.