De este modo, la fisal defendióla validez de las grabaciones de la conversación del letrado, en contra del criterio de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que el pasado 21 de diciembre anuló las cintas y rechazó la práctica de cualquier prueba relacionada con ellas, por considerar que habían sido obtenidas infringiendo la Constitución, ya que no habían sido realizadas con la autorización del juez.

Al inicio del juicio, que se reanudó hoy tras haber sido suspendido para analizar la validez de las cintas, la representante del inisterio público presentó un certificado que acredita que el etarra De Juana Chaos había sido informado dos meses antes de que sus comunicaciones iban a ser intervenidas, extremo que figuraba incluso en su expediente.

Indicó que esta medida fue adoptada en la prisión en la que De Juana Chaos se encontraba antes de ser trasladado temporalmente, para asistir a un juicio, a la cárcel de Alcalá-Meco, en donde fueron grabadas las cintas.

Márquez, que dejó abierta la posibilidad de acusar a Gorostiza e pertenencia a banda armada si la causa llega al Tribunal Supremo, insistió en que el letrado no actuaba como abogado del etarra cuando mantuvo la conversación y reiteró que no se vulneró ningún derecho. "De hipergarantismo también puede morir una sociedad", advirtió.

Al igual que la fiscal, que solicitó 7 años de cárcel para Gorostiza, el representante de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Pedro Cerracín, mantuvo la acusación contra el abogado, para quien solicitó 10 años de cárcel, y traspreguntarse si cabe alguna duda de que el letrado mantuvo dicha conversación, apeló a la conciencia de los magistrados para dictar el fallo.

GOROSTIZA: PRUEBAS "FALSAS"

Por su parte, Gorostiza, que se negó a responder a las preguntas del fiscal y de la acusación particular porque las pruebas en su contra son "falsas y manipuladas", dijo que su actuación, así como la de otros abogados de "presos políticos", siempre atendió la legalidad y, tras insistir en la falsedad e ilegalidad de las grabaciones, ijo que su paso por prisión confirma su compromiso de defender las garantías de sus clientes.

Kepa Landa, defensor de Gorostiza, para quien pidió la absolución, también destacó la ilegalidad de las cintas y acusó al fiscal de utilizar la "pena del banquillo" contra el abogado en colaboración con los medios de comunicación, de quienes criticó "el triste papel" que realizaron difundiendo las grabaciones de la conversación.

En este sentido, dijo que tanto el fiscal como el juez y el ministro del Intrior incurrieron en una actitud "contraria a la legalidad" al facilitar a los medios de comunicación las cintas, y anunció que estudiará posibles acciones legales contra ellos por este motivo.

Durante la vista fueron llamados a declarar los etarras De Juana Chaos y José Antonio Artola, que se negaron a responder a las preguntas, así como dos funcionarios del centro penitenciario, que no pudieron contestar al ser declaradas impertinentes las preguntas por estar relacionadas con el contenido de las cints, y el subdirector de la prisión, que entonces actuó como director.

Este último explicó que autorizó la grabación de la conversación de Gorostiza con De Juana Chaos después de recibir una información que indicaba que en fechas próximas los presos del "comando Madrid" iban a entrevistarse con abogados con el fin de preparar atentados contra funcionarios de prisiones.

Asimismo, justificó la ausencia de comunicación de la intervención al juez en la rapidez con que se sucedieron los hechos, ya que ee mismo día, tras volver de comer, tuvo conocimiento de que Gorostiza se estaba entrevistando con el etarra, por lo que ante la sospecha de que estuviesen cometiendo un delito, ordenó grabar la conversación.

En el juicio también prestó declaración, aunque por escrito, el ministro del Interior, Antoni Asunción, ya que entonces era el responsable de Asuntos Penitenciarios. De las cinco preguntas que le fueron planteadas, tan sólo pudo responder a dos, relativas a las razones de la intervención de la comnicación, ya que las restantes también fueron declaradas improcedentes por el tribunal por versar sobre el contenido de las cintas.