El magistrado instructor había enviado a ambas compañías una “orden de conservación de datos” los pasados 28 y 30 de enero con el objetivo de que se garantizara la protección de la información que pudiera obrar en manos de las tecnológicas y que estén relacionados con los hechos investigados.

Días antes, el 20 de enero, el juez había requerido a las dos empresas para que aportaran los datos que tuvieran disponibles sobre el fiscal general del Estado con la intención de recuperar la información que García Ortiz habría eliminado de sus teléfonos móviles y de su correo electrónico.

WhatsApp respondió a la petición del juez el pasado 29 de enero, y Google contestó el 10 de marzo. Ambas atendían la petición, aunque eso no garantiza el contenido de la información almacenada.

La petición y la respuesta de las dos tecnológicas puede servir para facilitar la tramitación de las comisiones rogatorias que aún están pendientes de resolución puesto que necesita de la cooperación judicial de un tribunal extranjero, el de Irlanda, que ha comunicado al instructor que la comisión rogatoria dirigida a WhatsApp debe tramitarse a través de Estados Unidos.